Según recoge El País, Justicia concluye que hasta 2020 no harán falta más plazas. La construcción de la nueva Modelo parece cada vez más lejana.
En tiempos de recortes las prisiones
también valen. El Departamento de Justicia de la Generalitat proyecta el
cierre de algunas prisiones que considera obsoletas, así como no
iniciar la construcción de otras ya programadas con el fin de recortar
el gasto público. La decisión definitiva no está todavía tomada, pero el
Gobierno catalán estudió ayer un informe que avala su actuación.
Ese documento se basa en un análisis
estadístico de la población penitenciaria y en una serie de factores
para concluir que hasta el año 2020 no harán falta más plazas
penitenciarias de las que ya existen. Justicia argumenta que la
capacidad de las prisiones catalanas es actualmente de 11.031 plazas y
que, por el contrario, la población penitenciaria actual es de 10.015.
Es decir, en un año se ha producido una reducción de un millar de
plazas.
A este factor se suma una suerte de
cuentas de la lechera que hace Justicia, al anunciar que a las 1.000
plazas que ya sobran en la actualidad se añadirán 2.000 plazas más con
la puesta en marcha del centro del Puig de les Basses, en Figueres, y de
Mas Enric, en El Catllar (Tarragona). Ambas prisiones están acabadas
desde hace casi un año, pero no existe fecha para su supuesta
inauguración, precisamente por los recortes presupuestarios.
Cada una de esas prisiones tiene
capacidad para 750 reclusos, por lo que entre las dos sumarían 1.500
plazas y no las 2.000 que dice Justicia. Poner en marcha una prisión
implica un gasto importante, derivado principalmente de la nómina de los
centenares de funcionarios que hay que retribuir. Sin embargo, una
cárcel vacía tampoco sale gratis, porque se ha de abonar la mensualidad
que se pactó para su construcción, con el llamado derecho de superficie,
además de los gastos derivados de su mantenimiento, como la seguridad
del centro. Todo eso suma mensualmente un millón y medio de euros por
cada prisión.
Una portavoz de Justicia explicó ayer que
la decisión definitiva aún no está tomada y que “todo está abierto”,
pero que la hipótesis que se maneja es cerrar la antigua prisión de
Tarragona y la de Girona. No está descartado que la clausura se produzca
sin que se hayan inaugurado las nuevas prisiones, de manera que los
presos podrían ser trasladados a otros centros a la espera de la
inauguración.
Lo que sí tiene descartado por completo
el Gobierno de Artur Mas es construir la prisión de preventivos en la
Zona Franca de Barcelona que debería sustituir a la vetusta Modelo y la
cárcel de Tàrrega (Urgell), ambas planificadas en la época del
tripartito.
El Departamento de Justicia argumenta que
la población reclusa catalana se mantendrá en los próximos años en
torno a los 10.000 presos por varios motivos. Uno de ellos es la llamada
Circular de Extranjería que puso en marcha el Gobierno y que permite el
regreso a sus países de los presos de origen inmigrante.
Durante el primer año de aplicación de
esta circular volvieron a sus países un total de 525 reclusos. De ellos,
261 lo hicieron al finalizar el cumplimiento de la condena y con la
correspondiente orden de expulsión y el resto por decisión del tribunal.
Para que los jueces autoricen el retorno
es necesario que se tenga cumplida la mitad de la condena, con el fin de
que la restante se acabe de cumplir en otro país. Pese a que la
situación en aquellas prisiones no es mejor que en las españolas,
algunos presos prefieren regresar porque confían en poder esquivar la
cárcel utilizando el soborno a funcionarios.
Jaume Asens, abogado penalista, explica
que ha tenido más de un cliente condenado por tráfico de drogas que ha
optado por esa vía. El regreso se acuerda a cambio de que no vuelva a
España en el plazo de diez años y es habitual que se otorgue cuando se
demuestra que el preso no tiene arraigo familiar.
Los cambios en el Código Penal en los
delitos por tráfico de drogas también han comportado la excarcelación de
buen número de reclusos por la revisión de las penas, aunque Justicia
no precisó ayer las cifras. Y otra de las causas es el estancamiento de
los índices de delincuencia.
Pero más allá de todos esos datos, la
cárcel Modelo seguirá abierta y en algunas celdas segurirán conviviendo
hasta seis presos preventivos. La histórica reivindicación vecinal y del
Ayuntamiento de Barcelona, por tanto, se antoja cada vez más lejana de
hacerse realidad. Fue en el año 2000, durante la etapa del gobierno de
Jordi Pujol, cuando el entonces alcalde Joan Clos y la consejera de
Justicia de la época, Núria de Gispert, firmaron un plan de prisiones
para sustituir al antiguo presidio situado en el corazón de Barcelona.
El tripartito redactó, de la mano de
Albert Batlle, el plan de prisiones más ambicioso que se ha hecho en
Cataluña y reservó unos terrenos para la Modelo en el polígino de la
Zona Franca. Pero el regreso de CiU a la Generalitat hizo que el plan
cayera en el olvido. Bajo el mandato de consejera Pilar Fernández Bozal
se anunció que se rediseñaría la cárcel y se reduciría su capacidad y
ahora parece que ni siquiera eso por falta de presupuesto.
Lo que no parece cuestionable es que una
cárcel de preventivos no puede situarse muy alejada del centro de
Barcelona porque el traslado de presos a los tribunales es continuo.
extraido de Boletín Tokata
extraido de Boletín Tokata
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